41 años de Autonomía Vasca en un ESTADO INÚTIL

Hace 41 años, Euskadi aprobó en referendum su Estatuto de Autonomía. No votaron ni en 60 por ciento de los vascos. De ellos, el 90 por ciento dijeron sí. A partir de entonces empezó a engordar una máquina de corrupción política engrasada con el aceite de los Derechos Históricos que se otorgaron a esta comunidad gracias a que había aprobado otro Estatuto de Autonomía antes de la Guerra Civil. Al Gobierno Vasco se le concedió el privilegio de usar las tres Diputaciones Forales para recaudar impuestos y redistribuirlos como le vino en gana. Poco antes, la Constitución había usado las tijeras de podar para inventarse un mapa de las autonomías que negaba el mismo privilegio histórico de Euskadi a regiones como Castilla y León, Aragón o Extremadura, que todo el mundo sabe que no tienen pasado, no tienen historia y no merecen ni el nombre que llevan. De aquella chapuza de corte y confección nació un Estado Inútil que sólo ha servido para mantener una estructura absurda y millones de pesebres. ¿Millones? Sí, casi 2.600.000 pesebres tenemos en España en forma de sueldos de otros tantos funcionarios y empleados públicos. Yo creo firmemente en la necesidad de mantener unos servicios públicos de calidad para permitir a toda la ciudadanía el acceso, por ejemplo, a una Sanidad y una Educación de calidad. Son derechos fundamentales que se han visto menoscabados en la actual crisis sanitaria. Este Estado de las Autonomías hace aguas por todos los lados a la hora de buscar soluciones compartidas para un virus que salta por encima de las fronteras municipales, provinciales, autonómicas y estatales.

Somos el hazmerreír del mundo con 17 autonomías con competencias sanitarias. Cada uno de sus 17 presidentes hace lo que le da la gana. Y Pedro Sánchez sigue sin haber liderado la búsqueda de una legislación común que poder aplicar a toda España para evitar que los ciudadanos tengan que consultar el boletín oficial de su comunidad antes de salir a la calle para saber lo que está prohibido y lo que no. Yo vivo en un pueblecito que se llama Betoño. Con mi dinero pago una estructura administrativa que parece un rascacielos. En el primer piso, está el Concejo, por encima, el Ayuntamiento con sus 27 concejales, una Diputación con un "Parlamentito" al que llaman Juntas Generales que da de comer a 51 procuradores, un Gobierno Vasco con otra Cámara Legislativa de 75 escaños, un Gobierno de España con su Congreso (350 chupópteros) y su Senado (265 sueldos), una Casa Real con una corona y licencia para llevárselo calentito, un Parlamento Europeo con 705 diputados... Suma y sigue con organismos internacionales como la ONU, la OTAN, la OCDE, etc... De ese rascacielos llamado España cuelgan esos 2.600.000 pesebres públicos. Uno de ellos es el mío. Durante el confinamiento de la pasada primavera, mi empresa me obligó a trabajar presencialmente sólo una de cada tres semanas. Juro que me dio vergüenza cobrar mi sueldo íntegro, pero seguro que a todos los políticos del país no se han sonrojado por llevarse a casa el fruto de sus mamandurrias a pesar de su incapacidad para solucionar este desaguisado. Estado inútil y sin remedio. Cada politicastro sigue pensando sólo en la reelección y en su culo.